Conducir para una app en Lima: de quién es el coche mientras lo pagas

En Lima, a quien se plantea conducir para Uber, DiDi, inDrive o Cabify le llega antes una pregunta práctica que una sobre tarifas: con qué coche. De la respuesta dependen cuántas horas hay que hacer para que salgan las cuentas y qué le queda a uno el día que lo deja. Los repartidores en moto se hacen la misma pregunta con cifras más pequeñas.

La norma ayuda poco. Perú sigue sin una regulación propia para las plataformas, y Gestión recordaba en agosto que las competencias están repartidas entre el Ministerio de Transportes, la ATU, los municipios y el Indecopi. Lo que sí está escrito son los requisitos del coche: para la autorización de taxi independiente, la ATU pide un turismo con SOAT o CAT, inspección técnica complementaria para taxi y no más de quince años contados desde el año del modelo.

Alquilado por semanas

Lo que menos dinero exige al empezar es alquilar. Propietarios y empresas con flota ceden coches por días o, sobre todo, por semanas, y en el gremio ese pago se llama la semanada. El coche sigue a nombre del dueño y el conductor pone el combustible. Marcharse no cuesta nada: si el trabajo no compensa, se devuelve el coche. Lo malo es esa misma facilidad, mirada al revés. La semanada se paga igual en la semana buena que en la mala, al cabo de dos años el conductor no tiene nada que vender, y las reglas sobre quién más conduce ese coche y en qué horario las pone otro.

Financiado con el propio coche como garantía

Sin el dinero para comprarlo, queda el crédito vehicular del concesionario o del banco, con el coche como garantía. En Perú eso lo regula el Decreto Legislativo 1400, la norma de la garantía mobiliaria, que pone los vehículos los primeros en la lista de bienes que se pueden gravar. Desde marzo de 2025 esas garantías se publican como avisos electrónicos en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias de la SUNARP, abierto a consulta; las anteriores siguen en la partida del vehículo hasta que se levantan.

La ley deja al deudor usar el coche, venderlo o arrendarlo, con una coletilla: salvo pacto en contrario. Ese pacto es el contrato. Un modelo de contrato de crédito vehicular para uso particular publicado por una entidad supervisada, aprobado por la SBS en 2023, permite exigir de golpe toda la deuda si el coche se dedica al transporte público, si recorre más de 120 kilómetros al día o si el cliente lo vende, cede su posesión o firma cualquier contrato sobre él sin avisar antes por escrito. También obliga a instalar, a cuenta del cliente, un GPS con rastreo y apagado remoto que funcione hasta la última cuota, y a endosar el seguro a favor de la entidad. Si el coche va a hacer taxi, el propio contrato contempla negociar otra tasa y otra póliza, a criterio de la entidad; la garantía no cambia.

Para quien vive del coche, esas cláusulas describen el trabajo. Si puede usarlo con una aplicación, si un compañero puede hacerle el turno de noche, si puede cambiarlo por una moto o venderlo cuando la demanda afloje: todo eso pasa por el prestamista hasta que el saldo llegue a cero. La tasa más baja del crédito con garantía se paga con esa autonomía, y puede ser un buen trato siempre que se sepa que es un trato.

Sin garantía, más caro y sin nada anotado

La alternativa es pagar un vehículo más barato con un préstamo que no lo toma como garantía. No hay aviso en el sistema de la SUNARP ni un GPS que el prestamista pueda apagar: el vehículo está a nombre de quien lo compró y libre desde el primer día, y su dueño puede dejárselo a un compañero o venderlo sin pedir permiso a nadie. Esa libertad se paga: sin un bien que lo respalde, el préstamo sale más caro y a menos plazo.

Por eso encaja con importes pequeños, como una moto de reparto de segunda mano o un coche modesto con años de autorización por delante. En ese tramo, los préstamos en línea a pocos meses hacen lo que haría el crédito del concesionario sin dejar nada anotado sobre el vehículo, y la cuenta honrada enfrenta lo que cuestan de más con lo que vale, para ese conductor, decidir solo. Lo que cuestan de más se mide con la TCEA, el indicador que la SBS obliga a informar y que suma intereses, comisiones y seguros.

Hay una condición que no admite matices. Pedir prestado para comprar la herramienta con la que se trabaja es una cosa, y pedir prestado para tapar una semana sin ingresos es otra muy distinta; un préstamo sin garantía solo tiene sentido en el primer caso. Lo tiene si el vehículo dura, si produce ingresos desde la primera semana y si la cuota cabe en lo que el trabajo paga con regularidad, contando las semanas flojas y no las buenas. Si solo cabe en una semana buena, el vehículo es demasiado caro, se pague como se pague. Y la deuda sigue aunque la moto no: si la roban o queda destrozada, no hay garantía que ejecutar y la cuota se sigue pagando, de modo que el seguro deja de ser un requisito del banco y pasa a ser una decisión propia.

Usado y con ahorros

Queda la opción sin prestamista: comprar un coche de segunda mano con lo ahorrado. Es todo el riesgo y toda la libertad, y nadie más tiene voz sobre ese coche. El límite de antigüedad de la ATU convierte, eso sí, el año del modelo en una fecha de caducidad laboral. Un coche de 2016 comprado ahora tiene unos cinco años de taxi autorizado por delante, y su precio hay que leerlo contra esos cinco años, no contra lo que valdría como coche particular. El otro riesgo es mecánico: con un coche viejo, una avería cuesta el taller y también los días sin facturar, así que quien compra usado para trabajar necesita, además del precio, un fondo para esa semana.

La última cuota

Para quien sí firmó un crédito con garantía queda un trámite al final. La ley obliga al acreedor a cancelar el aviso cuando la deuda se extingue y, si el deudor se lo pide, a hacerlo en cinco días hábiles. Si la garantía es anterior a marzo de 2025, la cancelación se inscribe tanto en la partida del vehículo como en el sistema nuevo. Merece la pena pedirlo por escrito y comprobarlo después, porque un aviso olvidado aparece justo cuando el conductor quiere vender el coche o entregarlo como parte del pago de otro.